Miguel Valerio denuncia abuso de la prisión preventiva y advierte “complicidad” entre fiscales y jueces
El abogado penalista Miguel Valerio denunció que el uso rutinario de la prisión preventiva constituye una violación a las garantías procesales y derechos fundamentales, impulsada por lo que calificó como “complicidad” entre fiscales que la solicitan de manera sistemática y jueces que la imponen como regla y no como excepción.
El jurista advirtió que la aplicación de esta medida afecta tanto a imputados en casos de alto perfil que luego son descargados tras pasar meses en prisión, como a infractores primarios en delitos menores que ingresan a las cárceles por una falta y terminan expuestos a dinámicas criminales más complejas.
Sobre los procesos judiciales bajo su defensa, informó que apeló la decisión del juez del caso Jet Set que varió la calificación de homicidio involuntario a voluntario, alegando que el magistrado se excedió al emitir una valoración de fondo, coartar el derecho de defensa y contradecir los peritajes que establecieron que el hecho fue imprevisible. En relación con el caso Senasa, explicó que aguarda la acusación formal del Ministerio Público, al tiempo que denunció deficiencias históricas en las auditorías forenses del país y criticó que la Cámara de Cuentas exija respuestas técnicas a imputados que guardan prisión sin acceso a documentación.
Valerio sostuvo que el plazo de cuatro años establecido para la extinción de la acción penal resulta irreal en expedientes complejos. Propuso instaurar un sistema gradual de reducción de penas cuando el Estado exceda los tiempos razonables de juzgamiento. Asimismo, atribuyó el denominado colapso judicial a fallas de gestión y al modelo de tribunales saturados de expedientes.
Entrevistado en el programa Síntesis con Michael Hazim, Valerio respaldó la idoneidad de los magistrados seleccionados por provenir de la carrera judicial, incluido su presidente, Justiniano Montero, pero cuestionó el método de elección del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). También exhortó a los medios de comunicación y a los creadores de contenido digital a respetar la presunción de inocencia y evitar condenas anticipadas, señalando que la presión mediática ha incidido en decisiones judiciales tanto para encarcelar como para liberar imputados.

